El taller había comenzado a funcionar en noviembre de 2005. Estaba habilitado desde 2001 para el funcionamiento de 5 máquinas. Desde su habilitación, no hubo inspecciones. Al momento del incendio, vivían 64 personas (la mitad eran niños/as). En la planta baja se ubicaban las máquinas; en el primer piso (adonde se inició el incendio) estaban las “habitaciones”, y luego había un entrepiso de madera, que se derrumbó con el incendio.

Había un solo baño en funcionamiento, y no había agua caliente. Los sobrevivientes cuentan en sus declaraciones que a veces hacían cola hasta las 3am para ducharse, y que debían calentar agua en ollas para duchar a sus hijos. Las “habitaciones” estaban separadas por telas y tabiques de madera, y tenían aproximadamente 3 x 2,5 mts. En muchos casos se compartían colchones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. El lugar no contaba con un espacio para comer, con lo cual todos comían adonde podían.

En general se trabajaba 14 horas por día de lunes a viernes, y 5/6 horas el sábado. A los trabajadores se les daba alojamiento y comida para ellos y sus hijos. El arreglo informal era que se les pagaría por prenda (entre $0,70 y $1,20 dependiendo de la operación). Sin embargo, la mayor parte declaró que al momento del incendio llevaban 5 meses sin cobrar lo arreglado. Sólo recibían $50 cada viernes, es decir, $200 por mes. Ello equivalía (considerando que se trabajaba 75hs por semana) a menos de un 20% del salario de convenio ($600 x 45hs por semana), y solo alcanzaba para comprar la comida del fin de semana, que no era cubierta por los talleristas.

Si bien los imputados aseguran que nadie obligó a los trabajadores a vivir allí, en los hechos estaban forzados a ello porque ninguno tenía la posibilidad de pagar un alquiler fuera del taller. Incluso existe el caso de un trabajador que debió abandonar la habitación que alquilaba para ir a vivir al taller, pues no podía mantener el pago del alquiler.

Prácticamente ninguno de los trabajadores contaba con residencia legal. Ello aumentaba su vulnerabilidad y la capacidad de los patrones para intensificar la explotación laboral. Para dar cuenta de ello cabe mencionar el caso de un trabajador que no sabía contar. También había un adolescente de 15 años trabajando (si bien la edad mínima permitida era 14 años, el taller naturalmente calificaba como lugar peligroso y por lo tanto era ilegal que trabajaran adolescentes). En última instancia, el hecho de que tras la tragedia prácticamente ningún sobreviviente pudiera contar con familiares o amigos que le diera refugio (casi todos fueron alojados precariamente en un club de Flores), es indicativo del vínculo de absoluta dependencia que sus patrones habían generado.

El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores con fines de explotación está claro y es prueba de la existencia de reducción a la servidumbre y de violación al artículo 117 de la Ley de Migraciones.

Imágenes del taller por dentro, tomadas por Crónica TV en ocasión de la visita ocular en el marco del juicio