Día a día de las audiencias del #JuicioLuisviale

3/6/16 – DÍA 12

La 12va jornada de audiencias fue la última, previa al veredicto. Se debatieron las nulidades presentadas por la defensa. Si bien las mismas giraron en torno a cuestiones referentes al proceso y al requerimiento de ampliación por reducción a la servidumbre, ello conllevó a una significativa presentación por parte del Fiscal de lo que debe entenderse como servidumbre y su diferenciación respecto al tratamiento de personas como “cosas”, que prima en la “esclavitud”.

Se establecieron algunas fechas aproximativas para la inspección de la jueza Fátima Ruiz López al taller (dado que ella no había podido asistir a la inspección original) y a partir de ello una fecha posible para la sentencia entre el 17 y 21 de junio.

Luego de diez años de injusticia para las víctimas y sobrevivientes del incendio del taller de Luis Viale, y luego de casi un mes y medio de juicio oral, se aproxima la fecha crucial. Desde esta Campaña se hará una amplia convocatoria a organizaciones sociales y referentes políticos y sindicales para acompañar la lectura del veredicto.

31/5/16 – DÍA 11

Durante la 11va jornada de audiencias solo se escuchó el alegato de la defensa del imputado Sillerico. La Dra Norma Bouyssou planteó en primer lugar una serie de cuestiones técnicas por las cuales a su entender se debe anular el juicio. Seguidamente se concentró en una batería de argumentaciones orientadas a justificar la explotación de mano de obra que tenía lugar en el taller, a partir de argumentos abiertamente racistas utilizados para denigrar al imputado como “un tipo con un contexto mental primitivo”, que vino de un pueblo adonde “algunos como máximo se duchaban la cara sacando agua de un pozo”, y que como tal no podía entender las reglamentaciones locales. Según la defensora pública se trató de un “delito culturalmente motivado”, ya que “si para nosotros esto es reducción a la servidumbre, para Sillerico es alojar a sus paisanos”.

La Dra Bouyssou utilizó estos argumentos para demostrar la supuesta inocencia de su defendido y su dependencia con respecto a las reglas que establecía el otro imputado, Juan Manuel Correa. Sin embargo, se trata de argumentos falaces y racistas. Algunos trabajadores del taller podían aceptar ciertas condiciones porque sus condiciones de vida en el país de origen eran mucho peores, pero Sillerico violaba sistemáticamente el acuerdo ofrecido originalmente a sus paisanos: les retenía los salarios y permanentemente aumentaba la cantidad de trabajadores, reduciendo los espacios dispuestos para cada familia. Además, al momento de abrir el taller llevaba 11 años en el país, con lo cual el desconocimiento resulta más conveniente económicamente que motivado culturalmente.

Este intento de reflotar argumentos racistas disfrazados bajo un supuesto relativismo cultural, es una peligrosa herramienta que no puede ser convalidada por los jueces Oliden, Ruiz López y Pérez Lance. Además de ser racista, busca justificar y naturalizar la explotación en nuestro país, tornando legales prácticas condenadas por nuestras leyes y por numerosos tratados internacionales (Convenios 29, 169 y 105 de la OIT). Si la justicia considera válido este argumento en el caso puntual de este juicio, estaría habilitando la continuación de estas prácticas, en vez de contribuir a frenar la explotación en talleres de costura (problemática visibilizada a partir de la tragedia aquí juzgada) y mejorar la vida de miles de trabajadores inmigrantes. A su vez, la validación de estas prácticas laborales sería un incentivo para las marcas para subcontratar a estos talleres en vez de generar puestos de trabajo genuinos y de acuerdo a la legislación vigente.

En virtud de lo peligroso que resulta este argumento culturalista (que ya fuera rechazado por una Cámara de Casación en 2008 ante un fallo de Oyarbide), en este blog dedicaremos en breve una sección a discutirlo mediante el análisis de resultados de numerosas investigaciones etnográficas sobre el sector.

30/5/16 – DÍA 10

La jornada comenzó con una conferencia de prensa en las escalinatas de Tribunales, que fue cubierta por cuatro canales de TV (la TV pública transmitió en vivo) y tres radios. Además asistieron a la conferencia yJuicio taller textil Viale 7.JPG a las audiencias los legisladores de la ciudad Patricio del Corro (FIT-PTS), Marcelo Ramal (FIT-PO) y Fernando Vilardo (AyL); un representante del bloque de legisladores del FPV; Luis Zamora (AyL) y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).

 

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Luis Fernando Rodríguez Palma, querellante y padre de una de las víctimas, junto a Lourdes Hidalgo (atrás), sobreviviente.

 

En la Sala de Audiencias del TOC 5 fue una jornada de alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa del imputado Correa. La querella, representada por Gabriel Chamorro y Myriam Carsen, expuso los argumentos por los cuales considera que se debe condenar a ambos imputados por el delito de estrago con dolo eventual en concurso ideal con reducción a la servidumbre. Solicitó las penas máximas para ambos delitos, que sumadas dan 20 años de prisión, y pidió además que se extraigan testimonios para que la justicia investigue la posible responsabilidad de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler en la tragedia, por ser (junto a sus hijos Damián F y Javier G) los dueños de la propiedad y de las marcas para las cuales el taller trabajaba en forma exclusiva. La argumentación se basó en dos cuestiones principales. En primer lugar demostró la ilegalidad de base del emprendimiento desarrollado en Viale, comparándolo con actividades ilegales como el tráfico de drogas. Chamorro señaló que en ningún momento hubo intención de regularizar la situación del taller, lo que queda demostrado por el simple hecho de que jamás habría pasado los numerosos controles que requiere la habilitación de una fábrica. En segundo lugar, se adelantó a un posible planteamiento de la defensa de Sillerico acerca del supuesto consentimiento de los trabajadores a las condiciones de trabajo y de vida en el taller, aludiendo a la vulnerabilidad de los trabajadores como inmigrantes en situación irregular y a la sutileza de los mecanismos de dominación modernos, que no requieren de cadenas y/o malos tratos para someter al dominado. La defensa había hablado de que los trabajadores jugaban al fútbol y de un festejo de carnaval previo al incendio, como si ello demostrara que estaban felices de trabajar en el taller, a lo cual la querella respondió “los presos también juegan al fútbol y festejan, y no por eso dejan de ser personas privadas de su libertad.”

Por su parte la fiscalía solicitó que se condene a ambos imputados a 13 años de prisión. La diferencia con el pedido de la querella se basa en que el fiscal Fabián Céliz considera que el estrago fue culposo. De igual forma que Chamorro, insistió en los mecanismos por los que se quiebra la voluntad de las personas en los talleres textiles, en razón de los cuales se rompe, según la doctrina existente y según numerosos tratados internacionales, el consentimiento de las víctimas. El representante del Ministerio Público Fiscal también mostró imágenes de la inspección ocular realizada en el taller el pasado 11 de mayo, para reforzar su pedido de condena por reducción a la servidumbre. Finalmente pidió que se investigue a Fischberg y Geiler, y que se expropie la maquinaria y la propiedad utilizada para la comisión de los referidos crímenes.

Finalmente expuso sus argumentos el defensor de Correa, Marcelo Biondi. Mediante argumentos técnicos, dedicó dos tercios de su alegato a plantear la nulidad de la ampliación de la imputación que se dio en la primera semana del juicio. Luego habló del supuesto consenso de los trabajadores para asegurar que no hubo reducción a la servidumbre, por lo que, a su entender, las condiciones de vida y trabajo en el taller deberían ser juzgadas por juzgados laborales, no penales. Cabe aclarar que en esta parte de su alegato, Biondi, a diferencia de Chamorro y Céliz, no citó producción académica alguna para sostener sus argumentos y se limitó a desarrollar pobremente una serie de creencias populares erradas sinsustento teórico. Por ejemplo aseguró que los trabajadores “no eran tratados como cosas, y para que haya servidumbre deben ser tratados como cosas”, mostrando un profundo desconocimiento tanto de los tratados internacionales en la materia como de la legislación local. Incluso llegó a confundir trata de personas con servidumbre. Para terminar de demostrar la falta de herramientas que tiene para garantizar la libertad de su representado, solicitó que se impute a los padres de la víctima más jóven del incendio (Harry, de 3 años) por falso testimonio.

El juicio sigue esta semana a la espera del veredicto en los próximos 10 días.

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Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, junto a Lourdes Hidalgo y Luis Fernando Rodríguez Palma.

26/5/16 – DÍA 9

En la extensa jornada de audiencias se contó con el testimonio de ocho testigos y con la ampliación de la indagatoria de los imputados. Se dio inicio con la ampliación de la declaración indagatoria de Luis Sillerico Condori sin admitir preguntas. En esta oportunidad, Sillerico declaró ser empleado de Juan Manuel Correa desligándose de toda responsabilidad en la organización del taller. Asimismo, indicó la responsabilidad de Daniel y Damián Fischberg, a quienes señaló como propietarios de la marca de jeans JD, en la organización de la producción y el suministro exclusivo de órdenes de producción, así como en el préstamo otorgado a Correa para la compra de máquinas. Resulta de gran importancia la descripción acerca de cómo Correa se dirigía con una planilla que detallaba el personal empleado hacia la fábrica de Fischberg, quien le remuneraba luego el monto para los vales. También amplió sobre los préstamos tomados en bancos de la colectividad boliviana, delegando nuevamente la responsabilidad en Juan Manuel Correa. Fue significativa la mención acerca de la expresa indicación de contratar paisanos y no peruanos ni argentinos, así como del incumplimiento del pago mensual (a cambio de vales semanales).

Describió condiciones extremas en Cohana (desconocimiento de lo que es una cuchara, que hacían sus necesidades en rincones del cerro y que comen grasa de vaca y cabra en la sopa en lugar de carne), para justificar que las condiciones dentro de Viale eran mucho mejores que aquellas a las que están “acostumbrados” sus paisanos (cabe recordar que al momento del incendio, Sillerico tenía 11 años de residencia en Buenos Aires). Mencionó además que los cables de arriba estaban “un poco sueltos” y que se entraba al trabajo de 6 o 7 hasta las 23hs.

Luego declaró uno de los vecinos del taller quien señaló la responsabilidad de dos hombres llamados Jaime (Geiler) y Daniel (Fischberg) propietarios de la fábrica, a quienes les habría comunicado oportunamente su preocupación por el crecimiento en la circulación a la misma, donde se ingresaban elementos inflamables como garrafas y guata. Mencionó que Jaime se comportaba como “el dueño de la cuadra”, ya que además tiene una fábrica a la vuelta del taller. Asimismo, resaltó la indiferencia de este mismo hombre ante la tragedia.

Posteriormente, declaró Juan Manuel Correa, habilitando la posibilidad de formular preguntas. Declaró que Luis Sillerico y él eran socios y que Fischberg y Jaime (cuyo apellido no recuerda) les prestaron USD 15 mil para la compra de las máquinas necesarias en Luis Viale, que ellos le suplirían la producción y que les facilitarían el alquiler. Mencionó que Jaime se encargaba de los controles, mientras que Fischberg se abocaba a la parte comercial. Relató que su propio padre había trabajado con ellos y que, como Luis Viale les había “quedado chico”, Fischberg y Jaime, en su momento, se fueron a una fábrica a la vuelta, sobre la calle Galicia. Daniel Fischberg le prestaba a Correa su camioneta Transit para el traslado de mercadería e insumos, y el mismo habría visitado el taller entre 4 y 5 veces.

Mencionó que Luis Sillerico continúa al día de hoy trabajando con un taller de su propiedad, y que Jaime y Daniel tenían en aquel momento entre 4 y 5 talleres o más. Que ellos pagaban el recorte entre $1,80 o $3,50 y que de ello se abonaría a los trabajadores entre $0,9 y $1,5. Cada trabajador producía aproximadamente 500 pantalones por semana. Calculó que por taller se producían entre 40 y 50 mil prendas por mes.

Al igual que en su declaración inicial, repitió que si no se le daba vivienda al costurero se quedaba sin empleados y aludió a la costumbre y a las diferencias culturales de los bolivianos. Mencionó que tiene conocimientos en electricidad y que empezaron a producir a los ponchazos.

Luego de ello declaró una ex trabajadora, Irma Cornejo Illimani (con traductor de aymara presentado por la defensa), madre de Luis Quispe Cornejo, de 4 años, fallecido en el incendio. Mencionó no dedicarse a la costura desde el incendio. Ella además es madre de otro de los testigos, Felter Quispe Cornejo, que junto con Máxima Carabajal eran padres de Elías y Rodrigo de 4 y 10 años, fallecidos en la tragedia. Describió condiciones semejantes a los testigos anteriores, tanto en referencia al taller (no hay agua caliente, divisiones con telas) como a la organización del trabajo (jornadas de 8 a 22hs, pago mediante vales semanales). La madre de Luis y abuela de Elías y Rodrigo se conmocionó durante el relato del incendio, mientras rememoraba la tardanza de los bomberos en llegar al lugar.

Luego declararon Julio Quispe Huallpa, esposo de Ana María Mendoza, padre de Wilfredo Quispe Mendoza quien tenía 14 años cuando falleció en el incendio del taller de Luis Viale. Coincidió en las descripciones del taller y del trabajo allí realizado. Residía junto con su familia en el entrepiso del taller separados de los demás mediante telas. Contabilizó 5 heladeras en el lugar, una cocina conectada a red de gas y otra a garrafa. Mencionó que Wilfredo trabajaba de 8 a 22hs como el resto y pidió justicia por su muerte.

Posteriormente declaró el técnico de Edesur, explicando extendidamente los elementos presentes en el informe. Los elementos más significativos de su declaración remiten a que la lectura de los medidores, cuya titularidad correspondía a Fischberg y Geiler, era notoriamente inferior a lo que se supone que debiera indicar en un taller de tal porte, lo cual señalaría una presunta conexión ilícita. Realizó algunas observaciones sobre fotos presentadas de las condiciones de las instalaciones eléctricas y refirió a las mismas como “completamente fuera de regla”. Asimismo, señaló que la instalación presentada en Edesur correspondía al uso declarado de “Almacenamiento y depósito”, con lo cual se demuestra la incompatibilidad del uso real del servicio. Concluyó en que “municipalmente no se habilita una cosa así. Es muy precario”. Esclareció sobre las posibilidades de accidentes ante una instalación semejante. Los mismos no sólo dependen de la capacidad instalada sino también de la duración en el uso y en la antigüedad (y posible vencimiento de las llaves térmicas) de cables. Ello explicaría por qué puede iniciarse un incendio sin cortos e incluso con llaves térmicas instaladas: “si las térmicas están sobreexigidas fallan, no accionan. O si son viejas, se vecen cada 5 o 6 años, fallan y se recalientan […] puede haber recalentamiento de cables y que se fundan sin que corte la térmica”.

Luego declaró Yola Quispe Maquera quien replicó las condiciones edilicias y de trabajo de los testimonios anteriores y mencionó que se le debía dinero. Posteriormente declaró su marido Martín Salinas Chambi, quien señaló -como en testimonios anteriores- compartir su cama con su mujer e hijo durante la estadía en Viale (que denota condiciones de hacinamiento). Dijo que en Bolivia contaban con agua corriente y luz eléctrica, lo cual desmiente el “acostumbramiento” -referido por Sillerico- a condiciones precarias extremas como las observadas en Viale.

Declararon además Sotero Quispe Mendoza, esposo de Irma Cornejo y padre de Luis de 4 años fallecido en el incendio, pariente además de Luis Sillerico. Describió condiciones análogas a los testimonios anteriores (sólo 1 baño con agua fría, etc.). Luego declaró Teófilo “Chevas” Mendoza Ticona, mencionó no haber recibido el pago completo de sus haberes, sólo recibió vales de $100 semanales y que le habían prometido $0,10 por operar con la metra por prenda.

La extensa jornada culminó tardíamente y se fecharon los alegatos para el lunes siguiente. Al pedido de la defensa de incorporar bajo lectura, las declaraciones de los testigos que no acudieron a las audiencias, la fiscalía rechazó por incongruencias con la ampliación por el delito de reducción a la servidumbre.

24/5/16 – DÍA 8

En la audiencia se contó con los testimonios de René Mendoza Ticona y Oscar Mendoza Huanca, marido de Juana Villca fallecida en la tragedia . Ambos aportaron elementos para la descripción del taller, de la modalidad de trabajo, así como de las situaciones experimentadas posterior al incendio.

Uno de los relatos describió el momento en que, posterior al incendio, los testigos que moraban conjuntamente en una asociación fueron trasladados conjuntamente a declarar sin saber quién era aquel que los transportaba.

Ratificaron algunos elementos deducidos de las declaraciones previas referentes a las condiciones de trabajo y del taller, así como de la modalidad salarial y de la presencia policial en el lugar. Uno de los testigos incluso afirmó sentirse disconforme con las condiciones del taller, lo cual constituía uno de los motivos por los cuales tenía planificado volver a Bolivia tres días después que sucediera el incendio.

Asimismo, se señaló que los motivos del incendio podrían deberse a un cortocircuito en un ambiente dividido por tela y cartón con presencia de artefactos y “cables [que] estaban mal”.

Se espera que el día jueves se realice una jornada extensa para finalizar con las declaraciones. A partir de entonces se dará lugar a los alegatos con fecha prevista para el lunes 30 de mayo.

Ante la pregunta realizada por la defensora a Oscar Mendoza Huanca, sobre cómo se informó del juicio en curso para presentarse a declarar, el presidente del tribunal tuvo que recordar a la letrada que Huanca es querellante. Otras preguntas de la defensa giraron en torno a la existencia de celebraciones tradicionales o festejos celebrados en conjunto.

Hasta el momento las preguntas por parte de la defensa continúan girando en torno a la existencia de celebraciones familiares al interior del taller (que la defensa define como “disfrazarse”). La inclinación, a nuestro parecer, perversa de este tipo de preguntas estaría sugiriendo una estrategia orientada a matizar el tipo de vínculos existentes en el taller remarcando la “familiaridad” de las relaciones entre los trabajadores, y con ello una suerte de consentimiento sobre los modos de trabajo. No sólo estas preguntas fueron rectificadas por los mismos testigos, quienes remarcaron que no eran celebraciones (incluso en una de las declaraciones se sostuvo que aspiraban a conformar a los trabajadores con las condiciones de trabajo existentes), sino que además demuestran un pobre conocimiento de lo que ha constituido la historia de las relaciones de trabajo más opresivas. Bajo un argumento semejante, siglos de esclavitud y servidumbre deberían ser negados, ya que durante el mismo periodo pervivieron formas de celebración entre los trabajadores (los candombes y otras danzas consideradas como tradicionales persisten hasta el día de hoy gracias a que fueron sostenidas por las masas populares, incluso las más oprimidas como los esclavos y poblaciones que en la colonia fueron sometidas a regímenes de semi-esclavitud, como la mita y el yanaconazgo). No consideramos que hace falta un estudio exhaustivo en folklore para arribar a conclusiones del tipo que se propone desde aquí. Simplemente una somera revisión de la producción académica y periodística actual (desde medios de comunicación, pasando por estudios académicos y los mismos tratados básicos de la OIT en referencia al trabajo forzoso) para observar fehacientemente, que la persistencia de este tipo de celebraciones ha contribuido en la mayor parte de los casos a reproducir estas relaciones de trabajo y darles continuidad. Cabe recordar aquí que las tipificaciones del delito de reducción a la servidumbre prescinden del consentimiento de las víctimas y que apelar al mismo constituye una estrategia absolutamente perversa.

 

23/5/16 – DÍA 7

Tras la demora del defensor Marcelo Biondi, la jornada comenzó una hora más tarde y contó con las declaraciones de Lourdes Luján Hidalgo, los padres de Elías y Rodrigo, Máxima Carabajal y Felter Quispe Cornejo, Santos Ramiro Mamani Mendoza y Elvira Nancy Huanca Moya. Las declaraciones contribuyeron significativamente a detallar las descripciones sobre las condiciones de trabajo y de vivienda en el taller de Luis Viale.

Las descripciones de los testigos reforzaron algunas de las características deducidas de las declaraciones previas: las condiciones de hacinamiento, las precarias instalaciones sanitarias e higiénicas, la existencia de salarios sensiblemente inferiores al mínimo convenido en aquel momento (e incluso impagos en algunos casos), jornadas de hasta 14 horas.

La declaración de Lourdes Hidalgo fue una pieza clave en la reconstrucción de los eventos en el día del incendio, ya que fue una de las pocas personas que logró salir del primer piso donde se encontraba el foco ígneo, rescatando al hermanito de Harry (fallecido en la tragedia). También mencionó que posterior al incendio, muchas víctimas fueron incitadas a matizar sus declaraciones y que en algunos casos estaban atemorizadas porque no tenían dinero ni documentos, no conocían la ciudad, estaban alojados junto con los imputados en un mismo centro de la colectividad cuya locación exacta desconocían, y no tenían gente a quien recurrir para solicitar ayuda. El abogado defensor Marcelo Biondi preguntó reiteradamente sobre este asunto, recibiendo un apercibimiento por parte del presidente del tribunal quien señaló que debía prevenirse un posible hostigamiento a los testigos. Asimismo, la defensa se centró en preguntar si en el taller se celebraban festividades, y se detuvieron en preguntas que, a nuestro parecer son llamativamente perversas, sobre cuántos días se celebraba, si festejaban cumpleaños y quiénes se disfrazaban o qué comían durante los festejos (con este criterio las celebraciones entre las poblaciones esclavas hasta el siglo XIX -carnaval, festividades en honor a Santos y Patronos, bautismos- servirían para negar las condiciones de opresión a las que fueron sometidas durante siglos).

Las declaraciones de Máxima Carabajal (madre de Elías y Rodrigo fallecidos en el incendio) contó con la asistencia de dos traductores (cada uno presentado por ambas partes) de aymara. La audiencia fue extensa y en ella se registraron momentos significativos e impactantes para la continuidad del proceso. Se espera que en las audiencias del día martes y jueves se completen las declaraciones, en vista de la proximidad de los alegatos el día 30 de mayo.

 

13/5/16 – DÍA 6

En función de la ampliación que ahora contempla el delito de reducción a la servidumbre, la defensa incorporó nueva prueba para el seguimiento del juicio. Entre el nuevo material se incluyen las impactantes fotografías tomadas en la inspección ocular (https://www.youtube.com/watch?v=R4YrfsFbXR0). En la jornada declararon el imputado Juan Manuel Correa y la querellante Sara Sariel Gómez, introduciendo elementos que contribuyeron a completar una descripción de las condiciones de trabajo y de vida en Luis Viale 1269.

Se le fue concedida a la defensa el derecho de iniciar la jornada con la ampliación de la declaración de Juan Manuel Correa quien mencionó la responsabilidad de Daniel Fischberg y “Jaime” [Geiler] en el alquiler y propiedad del local, en la organización exclusiva de la producción y en el préstamo para adquisición de la maquinaria. Se explayó además sobre la modalidad de pago y se detuvo explícitamente a señalar su participación en festividades con los trabajadores, momento en el que agregó que continúa trabajando con la colectividad.

Posteriormente declaró Sara Sariel Gomez, querellante y madre -junto con Luis Fernando Rodríguez- de Harry, fallecido en el incendio. Allí confirmó características observadas en la inspección ocular (como la precaria ducha elaborada con un cono de hilo) y otras como, las condiciones de hacinamiento y habitaciones precarias delimitadas con “cartón prensado”, instalaciones eléctricas impropias para la elevada cantidad de artefactos eléctricos, jornadas que se extendían hasta las dos de la mañana, montos de entre $0,5 y $1 por prenda, condiciones insalubres que la condujeron a padecer una parálisis facial y produjeron otras dolencias en los niños del taller, la visita de inspectores y policías al lugar, situaciones previas de inseguridad en las instalaciones eléctricas y, fundamentalmente, los salarios adeudados por parte de los imputados y las amenazas recibidas posteriormente al incendio para no declarar.

Luego de la declaración el letrado que representa a Correa, Marcelo Biondi, solicitó un careo del testimonio de Sara Gómez con las declaraciones de su representado que le fue negado. Ante ello Juan Manuel Correa declaró nuevamente, volviendo sobre algunas cuestiones relativas a la declaración de Sara Gómez para negar elementos de su descripción.

Son numerosos los testigos que aún restan para las próximas audiencias. Cabe destacar que, entre la nueva prueba incorporada, sumaron fotografías donde se retratan festejos al interior del taller en el que participarían los mismos imputados. A partir de las mismas, la defensa realizó preguntas sobre los querellantes (preguntas que incluso fueron hechas a la madre de Harry) del tipo: “¿Quién inflaba los globos?, ¿Tomaban alcohol?, ¿Iban a la cancha?, ¿Se disfrazaban?, ¿Festejaban cumpleaños?”. Consideramos que con ello se apunta a relativizar condiciones de trabajo opresivas. Con ello se prueba un preocupante desconocimiento de las definiciones más clásicas del delito de reducción a la servidumbre (incluso las definiciones propuestas desde la misma OIT sobre trabajo forzoso, aceptadas y convenidas universalmente), donde el consentimiento e incluso la libertad ambulatoria o la retención de documentos son prescindibles como diacríticos para identificar la presencia de sujeción de mano de obra.

Juicio en cuarto intermedio. Miércoles 11/5 inspección ocular al taller (10am), y jueves 12/5 se reanudan las audiencias.

02/05/16 – DÍA 4

En el cuarto día de audiencias los imputados demostraron estar preocupados por el desarrollo del juicio hasta el momento. Así, presentaron nuevos abogados defensores, entre los que aparece, como defensor del imputado Juan Manuel Correa, el mediático Marcelo Biondi. Los defensores pidieron más tiempo para preparar sus estrategias, por lo que el juicio entró en un nuevo cuarto intermedio para reanudarse a fines de la semana que viene.

El cambio en el equipo profesional de la defensa indica en primer lugar que el desarrollo del juicio hasta este momento ha sido muy desfavorable para los imputados. Hasta el inicio del juicio, la Justicia había demostrado durante toda una década un nulo interés por condenar a prisión a los imputados y a los dueños de las marcas (Daniel y Damián Fischberg, y Jaime y Javier Geiler). Incluso los tres fiscales actuantes en la causa (Ghirimoldi, Friele y De Luca) operaron a favor de dejar impune el crimen. Los culpables, entonces, tenían pocas razones para preocuparse. Sin embargo, el juicio se inició en un marco completamente distinto, en pleno desarrollo de la Campaña por justicia por las víctimas del taller textil de Luis Viale. Esta Campaña logró visibilizar el pedido de justicia de los familiares de las víctimas, a través de la difusión del caso en todos los medios masivos de comunicación del país (exceptuando solo Canal 13 y TN), y consiguiendo el apoyo de numerosas ONGs, organizaciones políticas y sindicales, legisladores de la Ciudad de cinco bloques distintos, e incluso el apoyo del parlamento boliviano, en cuyo recinto se hizo un minuto de silencio por las víctimas de Viale. Así, los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance, del Tribunal Oral Criminal Nro 5, se vieron obligados a tomarse en serio el caso y a escuchar los testimonios de los sobrevivientes, que hasta el momento han sido contundentes y demuestran que se trató de una tragedia que por las propias condiciones de vida en el lugar, se desataría tarde o temprano.

La aparición de un profesional extremadamente caro como defensor del imputado Correa demuestra una capacidad financiera que no se corresponde con sus dichos de haber caído en desgracia tras el incendio. Incluso hace sospechar la posible vinculación de los dueños de las marcas (Fischberg y Geiler), quienes, preocupados por las pruebas que los vinculan directamente con el manejo del taller, podrían estar financiando su defensa. El imputado Luis Sillerico, por su parte, cambió a su abogada por un defensor público.

Finalmente, la aparición de Biondi representa una oportunidad para la campaña, ya que jerarquiza el juicio y brinda mayores posibilidades de divulgación del caso. Hasta ahora, el silencio y la condena al olvido habían sido la mejor estrategia para dejar impune la muerte de las seis víctimas de la tragedia. Con el inicio del juicio en el marco de una exitosa campaña de difusión, los culpables dilatan los tiempos en la búqueda de nuevas pruebas y testigos, y bajo una estrategia – equivocada – de desgaste de la Campaña.

El miércoles 11/5 se realizará una inspección ocular al taller, y el jueves 12/5 se reanudarán las audiencias con la declaración de Sara Sariel Gómez, querrellante, sobreviviente y madre de Harry, la víctima más jóven del incendio.

21/4/16 – DÍA 3

En el tercer día de audiencias, el Tribunal Oral Nro 5 (a cargo de los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance) hizo lugar al pedido de la fiscalía (a cargo de Fabián Céliz) de ampliar la acusación e incluir el delito de “reducción a la servidumbre” (actual artículo 145 del Código Penal) como posible agravante del estrago (que es el delito que motivó el juicio). Las audiencias se reanudan hoy lunes 2 de mayo.

La querella adhirió al pedido del fiscal. Como resultado de este vuelco en el proceso judicial, se le concedió a la defensa un periodo de entre 5 y 10 días para el rearmado de la estrategia, en base al nuevo delito que se les imputa a los acusados.

Desde la Campaña celebramos esta decisión por dos razones. En primer lugar, porque implica un bienvenido vuelco en el tratamiento que se le dio históricamente a la causa, que durante diez años fue “ninguneada” por tres juzgados de primera instancia (el TOC Nro. 23, el TOC Nro. 17 y el que actualmente lleva adelante el juicio, TOC Nro. 5). Las declaraciones testimoniales del primer día sirvieron como herramienta para demostrar que el incendio se produjo como consecuencia lógica de la situación de hacinamiento y de desprecio hacia la vida de los trabajadores. En segundo lugar, la inclusión del delito de “reducción a la servidumbre” en un caso sobre talleres de costura jerarquiza el tratamiento judicial de la explotación laboral en estos talleres. Además, obliga a jueces, fiscales y letrados en general a formarse en las implicancias de este delito y a entender su complejidad. Para que exista “reducción a la servidumbre” no es necesario que el trabajador esté encerrado bajo llave. Situaciones como la retención de salarios, las ofertas fraudulentas de condiciones de trabajo, el pago de “salarios” menores al 40% de lo que corresponde por convenio (Resolución 11/46 de la PROTEX) y la repetición continuada de jornadas laborales mayores a las 12hs, son indicadores de este delito.

Resta aún la presentación de testimonios clave que pueden signar el desarrollo del juicio, entre ellos los de los familiares de la mayor parte de las víctimas: Oscar Huanca Mendoza (marido de Juana Villca Quispe, de 25 años), Julio Quispe Huallpa (padre de Wilfredo, de 15 años), Irma Illimani (madre del pequeño Luis Quispe, de 4 años) y Sara Sariel Gómez (madre de Harry, de 3 años).

Con esto queda demostrado, una vez más, que la mediatización del juicio y la presión ejercida desde los partidos y las organizaciones políticas y civiles que están apoyando a los familiares, son herramientas fundamentales para que la Justicia actúe en defensa de los más desprotegidos. Agradecemos la presencia de militantes de Patria Grande y de su principal referente, Itaí Hagman, en el día 3, y agradecemos a todos los que de diferentes formas han acompañado para alcanzar este significativo avance en el proceso de justicia.

19/4/16 – DÍA 2

El segundo día del juicio fue breve. Se inició con un requerimento del fiscal Fabián Céliz, que fue respondido por el rechazo de la defensa. El Tribunal Oral Criminal Nro 5, compuesto por los jueces Oliden, Ruiz López y Perez Lance, decidió hacer un cuarto intermedio hasta el jueves 21/4 a las 12pm para resolver la cuestión.

En una breve y contundente exposición, Céliz, apoyado por la asistencia técnica de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presidida por Marcelo Colombo, solicitó que se amplie el requerimiento de elevación a juicio dictado a fines de 2007 por el TOC 23. El pedido de elevación a juicio había sido por “incendio o estrago culposo”. La fiscalía y la querella no solo buscan que durante el juicio surjan pruebas que apunten a señalar el dolo eventual (con penas de hasta 20 años), sino que además solicitan que se incluya en la causa el delito de “reducción a la servidumbre” como posible agravante del delito de estrago doloso. El pedido se funda en el surgimiento, durante los debates del primer día de juicio, de nuevas pruebas que indican que el incendio y las muertes fueron una consecuencia de la situación de hacinamiento y de falta de dignidad humana que existían en el taller, que son indicadores de reducción a la servidumbre (art 140 del CP). Citando autores clásicos del derecho penal, y un fallo de 2008 del juez Canicoba Corral, Céliz argumentó que para que exista reducción a la servidumbre no es necesario que la libertad ambulatoria esté coartada (o limitada, como en el caso de Viale), sino que la sistemática falta de respeto por la dignidad de los trabajadores, que vivían visiblemente hacinados, es indicador del delito. Aun existiendo el consentimiento para vivir en esas condiciones, ese consentimiento no debe ser tenido en cuenta en caso de mediar engaño o fraude, hecho que surgió de las declaraciones de uno de los sobrevivientes durante el primer día de audiencias. Por último, estas condiciones se dieron en el marco de la violación del artículo 117 de la Ley de Migraciones, implicando el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores. Para la fiscalía, entonces, estos hechos constituyen agravantes del delito de estrago, y son parte de una misma realidad que llevó a la lógica consecuencia del incendio y las muertes.

La defensa respondió al requerimiento argumentando que los supuestos en los que el Código Penal Procesal prevé la ampliación de la acusación durante el juicio, no se dan en este caso. En la opinión de la abogada defensora, en caso de hacer lugar al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, los jueces estarían violando el legítimo derecho a la defensa de los imputados, ya que “no es lo mismo preparar una defensa para un delito y que en el medio haya que apurarse a preparar la defensa para otro delito”. Es por ello que la abogada cerró su exposición amenazando con recurrir al Tribunal de Casación para pedir la nulidad del juicio.

Los jueces decidirán si harán lugar o no al pedido de la querella. En el supuesto de que lo hagan, el juicio podría continuar normalmente, o podría verse interrumplido si la abogada defensora solicitase un cuarto intermedio para preparar la defensa por el delito de reducción a la servidumbre (que debería ser aprobado o no por el Tribunal). En caso de que los jueces no hagan lugar, el juicio continuaría normalmente.

Juicio. Gringo, embajador y LF y Sara
Embajador Flores Enríquez (izq), José Alberto González Samaniego (Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia), Sara Sariel Gómez y Luis Fernando Rodríguez Palma (sobrevivientes y padres de la víctima Harry de 3 años).

La presencia del Embajador de Bolivia, Liborio Flores Enriquez, y del Presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, José Alberto González Samaniego (quien viajó a la Argentina solo por un día y por expresa indicación del presidente Evo Morales) volvió a señalar la importancia que tiene este caso para la lucha contra las condiciones de trabajo en talleres informales de costura. En declaraciones el Senador hizo saber que “Evo está muy preocupado por la situación de miles de trabajadores bolivianos en Buenos Aires, y sigue con atención el desarrollo de este juicio”.

Desde la Campaña, agradecemos además la presencia de representantes de Esclavitud Cero y del Movimiento Emancipador. El juicio continúa este jueves a las 12pm. Convocamos una vez más a organizaciones sociales y políticas para que la decisión de los jueces se dé en el marco de una movilización que les demuestre que tienen en sus manos un caso clave para que, tras más de 10 años de denuncias y de conocimiento público sobre esta problemática, se termine con la explotación de miles de trabajadores costureros.

 

18/4/16 – DÍA 1

En el inicio del juicio se hicieron presentes numerosos legisladores de la ciudad y organizaciones sociales y políticas: Ariel Basteiro (ex-embajador argentino en Bolivia y vicepresidente de Nuevo Encuentro), Alejandro Bodart y Edgardo Castro (MST), Fernando Vilardo y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), Gabriel Fuks, Andrea Conde, Flavio Turne, Claudio Heredia y Laura Morán (FPV legislatura CABA), Marcelo Ramal (Partido Obrero), Patricio del Corro (Partido de los Trabajadores Socialistas) y compañeros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Patria Grande, Partido Obrero, numerosos militantes independientes y desde ya la organización Simbiosis Cultural, que encabeza la Campaña.

La cobertura de los medios superó las expectativas: Página/12, Clarín, Crónica TV, TV Pública, Télam, América 2, Bolivia Abierta TV, El Visor Boliviano y otros medios estuvieron presentes, mientras que el día comenzó con notas en los diarios La Nación (segunda nota en días consecutivos), Página/12 y Crónica. El juzgado se mostró tremendamente sorprendido por la convocatoria y por la necesidad de armar listados de medios presentes para su acreditación y listado de gente para presenciar las audiencias. En la foto solo algunos/as de los/las concurrentes, en una foto similar a la publicada hoy por Clarín.

Tribunales inicio juicio

En el día de la fecha declararon 3 testigos y uno de los imputados. Las audiencias comenzaron por la declaración de éste último, quien paradójicamente terminó por complicarse aún más con sus dichos. En segundo lugar declaróun vecino del taller que destacó que los ruidos de las máquinas se escuchaban hasta altas horas de la noche, incluso a veces los sábados a las 2am. También destacó que uno de los dueños de las marcas solía ir al taller y que dio indicaciones de reacomodar las máquinas para evitar molestar a los vecinos, lo cual daría cuenta de su rol como verdadero mandamásen el taller. Finalmente dejó en claro que en numerosas ocasiones se acercaron patrulleros al lugar, que sistemáticamente se retiraban con prendas.

En tercer lugar declaró Luis Fernando Rodríguez Palma, querellante junto a su esposa Sara Sariel Gómez. Ambos perdieron a su hijo Harry de 3 años en el incendio del 30/3/06. La declaración de L Fernando fue muy larga y detallada, contundente y clara, e incluyó un durísimo relato de la última vez que vio a su hijo Harry, apenas media hora antes del incendio, cuando el pequeño jugaba en su cama. La abogada defensora quizo destacar una contradicción de Luis Fernando pero los jueces desestimaron el pedido.

La última declaración fue de un testigo convocado por la defensa, quien solo una vez que estaba en la sala declaró (ante la pregunta del fiscal) que es yerno del imputado Sillerico. Tras numerosas contradicciones (que derivaron en llamadas de atención por parte de los jueces), la fiscalía solicitó su procesamiento por falso testimonio.

Los amigos y familiares de las víctimas hacemos una evaluación muy positiva de este primer día. Por un lado, el apoyo recibido fue contundente. Por el otro, los hechos en las audiencias configurarían, en principio, un cuadro favorable a la condena que esta Campaña pretende conseguir: estrago agravado con dolo eventual, e instrucción a la justicia a investigar la responsabilidad de los “socios”, es decir, los dueños de las marcas (Fischberg y Geiler).

Agradecemos especialmente a los/las legisladores/as y organizaciones que iniciaron la semana apoyando este pedido de justicia por las seis víctimas de Viale.

Compartimos para su USO LIBRE Y SIN RESTRICCIONES, fotos y breves audios de entrevistas con legisladores que esta mañana desde las 8am estuvieron acompañando y apoyando el pedido de justicia de los familiares y amigos de las víctimas. Por favor hagan USO TOTALMENTE LIBRE Y SIN RESTRICCIONES.

Ariel Basteiro

https://soundcloud.com/juicioluisviale/ariel-basteiromp3%20

Marcelo Ramal y Gabriel Fuks

https://soundcloud.com/juicioluisviale/marcelo-ramal-y-gabriel-fuks%20

Alejandro Bodart

https://soundcloud.com/juicioluisviale/viale-alejandro-bodartmp3%20

Gabriel Fuks

https://soundcloud.com/juicioluisviale/gabriel-fuks%20

Marcelo Ramal (1)

https://soundcloud.com/juicioluisviale/marcelo-ramal%20

Marcelo Ramal (2)

https://soundcloud.com/juicioluisviale/marcelo-ramal-2%20

 

FOTOS: https://goo.gl/GFBkAY (Facebook público). En caso de requerir las fotos conmayor definición por favor escribir a juicioviale@gmail.com

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